Mostrando entradas con la etiqueta PP. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta PP. Mostrar todas las entradas

jueves, 20 de abril de 2017

TERRORISMO SIN TERRORISTAS





Cassandra ha sido condenada a un año de cárcel, siete de inhabilitación, un año de privación de derecho al voto y  pago de las costas procesales por hacer chistes sobre el asesinato de Carrero Blanco. Tratándose de una estudiante de veintiún años, la inhabilitación y el pago de las costas suenan especialmente dolorosos. Supongo que es el objetivo...
Por supuesto, aquí hay que dejar de lado el sentido común, la lógica y demás conceptos, que más fastidian que ayudan. Por ejemplo, ¿de qué sirve recordar que ese crimen cometido hace cuarenta y tres años está más que prescrito? Por no decir que ninguno de sus autores fue juzgado por él, pues fue cubierto por la Amnistía del 77 que decía literalmente que “Quedan amnistiados todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis”. Obviamente, el propósito era dejar a salvo los crímenes cometidos en nombre de Franco, pero ni aún entonces podían permitirse la alegría de perdonar solo esos. Quizá hoy sí, quién sabe...
Alguien ha recordado muy oportunamente que Tip y Coll hicieron un chiste similar sobre Carrero en 1984. Para quien no les conozca, Tip y Coll eran entonces los humoristas más conocidos y apreciados en España. Tip era votante reconocido de AP (que pocos años después se convirtió en el PP) y Coll del PSOE (que, por lo que leo, no ha condenado formalmente la sentencia pero ha pedido, medio en sordina, un cambio legal. Amagar y no dar, como siempre...). Tanto el PSOE como AP callaron la boca[1].
Hay otro punto muy importante, y es que muchos de los hipócritas que se han rasgado las vestiduras no creen que realmente ETA matase a Carrero sino que a lo sumo fue un peón ciego en una operación mucho más amplia, pero sobre ese punto me ocuparé en breve[2].
Tanto da. Ahora llega la hora de la venganza sobrevenida.
¿Contra quién? Me guardaré mucho de jugar al psicoanálisis pero cualquiera diría que están tratando de enmendar, cuarenta años después, la cobardía intrínseca y los politiqueos infames de un Adolfo Suárez ejemplo de Ciudadanos , y su UCD de la que el PP se declara heredero , que no eran capaces de enviar un solo representante del gobierno a los funerales tan habituales entonces en el País Vasco. Por si alguien piensa que me estoy excediendo en mi apreciación, reproduzco una cita del hijo de Luis Carrero Blanco: “lo más duro que he vivido en mis ochenta y un años es que Adolfo Suárez indultara a los asesinos de mi padre”. Le dolió más que el asesinato. Lógico. Suárez había hecho la pelota a su padre hasta caer en la categoría de la infamia.  No paró hasta conseguir un apartamento vecino a los que ocupaban Camilo Alonso Vega y Carrero Blanco en su veraneo: “Durante tres veranos someterá al ministro de la Gobernación [El tal Camilo, conocido como “Camulo” por su gran capacidad de razonamiento] a un asedio agotador. Desde la misa de la mañana hasta la última copa de la noche, Adolfo será para el ministro el más servicial de los amigos. De aquella época es la frase atribuida a la señora Pichot, esposa de Carrero Blanco, señalando que «Suárez no dejaba a mi marido ni a sol ni a sombra». Derrochando esas dotes de excelente relaciones públicas y confiadísimo amigo, Adolfo iba a tejer una amistad que le permitiría el tuteo con Camilo y con el almirante Carrero, un hombre a quien no tuteaban ni sus compañeros de escalafón. Las anécdotas sobre esta etapa pertenecen más a la picaresca hispana, de larga tradición literaria y política, que a la historia”[3].
La nieta de Carrero Blanco ha publicado una carta que es un ejemplo de valentía y nobleza.
Da igual. ¿Qué importa que entre las verdaderas y únicas víctimas en este caso unas no quieran que paguen quienes no han tenido nada que ver y otras pedir cuentas a quien no se portó bien con ellos?
Porque no fueron ellos al juzgado, fue la Guardia Civil quien denunció por su cuenta, sin que ningún ciudadano hubiera formulado acusación alguna. Lógico, teniendo en cuenta que el círculo que conoció los tuits de Cassandra era reducidísimo antes de que se cursara la denuncia.
Y es que las últimas reformas legales nos han dejado en un estado de indefensión total: “las posibles repercusiones de la reforma de 2015, más allá de los primeros casos que estamos conociendo, son potencialmente gravísimas. Las novedades que introduce la reforma son de un alcance extraordinario, y pueden llegar incluso mucho más allá de lo que se ha visto hasta ahora: piense que se introduce hasta el delito de colaboración con el terrorismo por imprudencia; se ha llegado más lejos que en ningún otro ordenamiento occidental a la hora de incluir delitos extraordinariamente vagos y que pueden aprehender comportamientos de lo más variado”[4].
Hay muchísimas materias de las que ocuparse pero solo me ocuparé brevemente de dos, la ampliación del concepto de ofensa frente a la libertad de expresión y la de la capacidad de perseguir.

Ofender sin pretenderlo
Sobre este punto no cabe insistir demasiado. Es fruto de los esfuerzos, no diría conjuntos pero sí concurrentes, de la derecha misionera y la izquierda limosnera: “estamos entrando en una dinámica absurda en la que todo lo que ofende merece ser prohibido. La derecha rancia y la nueva izquierda se dan la mano al hacer prevalecer el derecho a no ser ofendido frente al derecho de la libertad de expresión (...) Sin libertad de expresión, lo único que conseguimos es que haya gente que se sienta perseguida, no que cambie de ideas.
Cuando no compartimos una opinión, no debemos prohibirla, sino refutarla. De lo contrario, dejaremos que crezca un malestar silencioso que puede estallar en cualquier momento”.
Este comentarista sí parece haber sacado una lección de la victoria de Donald Trump. César Strawberry, condenado por unos chistes sobre Carrero tras haber sido absuelto en primera instancia, se muestra contrario a las prohibiciones al autobús de Hazte Oír[5].

Todos sospechosos
Un abogado en ejercicio habla sobre una situación anterior a la entrada en vigor de las últimas reformas legales: “Un indicio de la magnitud de este problema es, a mi juicio, la cantidad de sentencias condenatoria por delitos contra el orden público, [atentado o resistencia a agente de la autoridad] que en el año 2014 ascendieron a 13.475, lo que supone que las condenas por estos delitos ocupan el quinto lugar, sólo por debajo de los delitos contra la seguridad vial (96.698), las lesiones (34.316), los robos (30.815) y los quebrantamientos de condena (14.180), pero por encima de delitos tan comunes como el tráfico de drogas (12.851), los hurtos (11.606), las estafas (9.166) o las falsedades documentales (7.017).
No es posible conocer cuántos de los procesos judiciales por delitos de atentado o resistencia a agente de la autoridad tienen su origen en la efectiva comisión de estos delitos, y cuántos son consecuencia del ocultamiento de una previa actuación policial irregular, pero si entre las funciones de la policía está la prevención del delito, y resulta que los delitos de atentado y resistencia a los agentes de la autoridad ocupan un lugar tan relevante en las estadísticas judiciales, lo que sí parece claro es que, en tales términos, la policía no es parte de la solución, sino del problema”[6].
Pero la situación se ha disparado desde que la mordaza se ha convertido en la norma y la sospecha en la actitud natural. Supongamos que hacemos una clasificación sobre los territorios socialmente más conflictivos de España: ¿en qué lugar quedaría la comunidad autónoma de Cantabria, antigua provincia de Santander?
Pues aquí va un dato que se ha difundido muy poco: “Más allá del caso Preguntar no es delito, Cantabria es el territorio del Estado que ostenta el récord de sanciones tramitadas desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza: 3.320 expedientes entre el 1 de julio de 2015 y el 28 de enero de 2016”[7]. Si la población total de Cantabria era de 582.206 habitantes en 2016, eso totaliza un 0,57% de la población denunciada en medio año y hablamos de Cantabria, no de Guipúzcoa. Ni Orwell lo hubiera imaginado...
Pero así están las cosas.

Una opinión de hace tiempo
Iker Gallastegi al parecer bautizado Manuel , pertenece a una de las familias históricas del independentismo vasco. Hijo de Eli Gallastegi, que comandaba una de las dos facciones en las que se dividía el PNV antes de la Guerra Civil. Frente a la posibilista, que hoy podríamos llamar autonomista, la suya era ferozmente independentista y antiespañola. Iker Gallastegi fue militante de ETA en su juventud y padre y tío de notorios etarras, entre ellos Leixuri o Irantzu Gallastegi, esta condenada por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco.
Sucedió que en 2006 Tele 5 hizo un reportaje sobre el asesinato de Miguel Ángel Blanco y fueron a preguntarle. Gallastegi, de 83 años entonces, estaba echando la partida con los amigos en un bar. Supongo que se habría tomado algún pacharán y a las preguntas de los periodistas al viejo se le calentó la boca y respondió cosas como “¿Por qué nosotros vamos a pedir perdón? ¿Porque hemos matado a unos enemigos de nuestro pueblo?”.
Fue denunciado por el Foro de Ermua y juzgado y condenado por la Audiencia Nacional a un año y tres meses de prisión y siete años y tres meses de inhabilitación, pese a estar jubilado.
Pero hubo una voz discordante. Alguien escribió un artículo que terminaba así: “me provoca un hondo desprecio la caza del fanático cuando es guiada por la venganza combinada con otro fanatismo, aunque sea el de la ley. Y cuando, además, es tan fácil y barato, porque bastaría con prodigar entrevistas televisivas a padres y abuelas de etarras para llenar las cárceles, si eso es lo que se pretende. En fin, unos cuantos demócratas demasiado nuevos deberían aprender que la libertad no se defiende fusilando a la madre de Cabrera”.
El autor del artículo era Jon Juaristi y se publicó en ABC[8].



[1] Cito sin haberlo leído, en contra de mi costumbre. Me baso en una fotografía de una página. Carrero Blanco dice: “De todos mis ascensos, el último fue el más rápido”. El libro es TipyColl-orgía. Lo han fechado en 1984 pero según una página que lo vende, habría sido publicado por Círculo de Lectores en 1983.
[2] En la primera redacción había escrito “una operación de altos vuelos”, pero luego me he dado cuenta de las implicaciones de la frase y rectifico oportunamente. Líbreme el Cielo de hacer uno de esos chistes sobre el Almirante que tan caros se pagan hoy... Ni por asomo.
[3] Gustavo Morales: “Entrevista al hijo de Carrero Banco: “Lo más duro que he vivido en mis 81 años es que Adolfo Suárez indultara a los asesinos de mi padre””, alertadigital.com, 03/01/12. La cita en Gregorio Morán: Adolfo Suárez. Ambición y destino, Debate, (Barcelona), 2009, p. 409.
[4] Manuel Cancio Meliá: “La banalización del terrorismo en España: La Ley y (algunos) jueces”, eldiario,es, 03/03/17. Me gustaría ocuparme más a fondo de lo que dice este artículo. Corro el riesgo de volverme monotemático pero es que la situación es terrible...
[5]José Saturnino Martínez García: “La libertad de expresión en serio”, eldiario.es; 03/03/17 y Gonzalo Cortizo: “César Strawberry, sobre Hazte Oír: “No estoy de acuerdo con que la policía inmovilice un autobús por un cartel””, eldiario.es, 01/03/17. Aunque se le ha pintado como un idiota con mal gusto, César Strawberry demuestra ser un artista inteligente y con criterio.
[6] Jaime Montero: “Cuando la Policía es parte del problema”, Público, 24/01/17. Los subrayados son suyos. Recomiendo vivamente la lectura del artículo porque he tenido que dejar fuera la mayor parte de su argumentación por falta de espacio, solo reproduzco los dos últimos párrafos.
[7] Nando de Diego: “Nou joves s’enfronten a 42 anys de presó per una protesta a la universitat de Cantàbria”, Directa, 23/01/17. La traducción es mía.
[8] Jon Juaristi: “Fanatismos”, ABC, 14/06/09. Lo de la madre de Cabrera alude a que los liberales de Espartero fusilaron a la madre del carlista Cabrera. Como curiosidad, las declaraciones de Gallastegi están tomadas de la página de Hazte Oír, los del autobús.

martes, 16 de febrero de 2016

BREVE TRATADO DE DERMATOLOGÍA


 La corrupción en el PP se desborda como una letrina atascada. Su organización regional en Valencia se ve imputada en bloque, con la notable excepción de su jefa Barberá, blindada jurídicamente de forma demasiado oportuna con su nombramiento como senadora. Esa es la última noticia de aquellas tierras pero tenemos ya la piel tan dura a estas alturas que ni siquiera nos indignó saber unos días antes que Consuelo Ciscar, directora del Instituto Valenciano de Arte Moderno hasta 2014, estaba imputada[1] por delitos tan poco originales como pagar 32.400 euros por una obra tasada en 2.000. Como mucho pensamos que qué se podía esperar si su marido cumple condena de seis años de prisión por los delitos cometidos cuando era consejero de la Generalitat valenciana... estamos ya aburridos de ese tipo de vulgaridades. Como quien cae en una letrina y no puede salir, se nos ha atrofiado el olfato. Sin embargo, otra noticia del mismo día me ha llamado la atención, no por el hecho en sí sino por el desparpajo con el que habla una de sus protagonistas.
Se está juzgando el asesinato de Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León. Las principales acusadas, madre e hija, son dos militantes de su mismo partido y el presunto móvil sería un ajuste de cuentas, aunque en su momento varios figurones con bastantes cosas que ocultar intentaron desviar la autoría hacia el otro lado del espectro político. Entre ellos Barberá, claro, que a poca vergüenza nunca le ha ganado nadie. Pues bien, a mí, pese a todo lo que llevamos encima, aún me sorprende leer la ligereza con la que una de las acusadas explica que Carrasco creó una plaza de funcionario para un ingeniero de telecomunicaciones creada para mí y que era para mí y que como no se quiso acostar con la Carrasco, esta hizo que el tribunal diese la plaza a otro aspirante.
Hemos llegado a tal nivel de podredumbre moral que ante una declaración así en sede judicial, nadie ha pedido que se abra una investigación sobre lo declarado, para saber si se creó una plaza a dedo y el tribunal la adjudicó a quien le indicó la presidenta de la diputación y si eso era un hecho corriente, pues la acusada ha declarado que todo el mundo sabía que para optar a una plaza en la Diputación tenías que tener padrinos...
Eso sí, nuestra hipocresía sigue intacta. Se pasó por encima de lo que se dijo en su momento sobre cómo la finada manejaba sus asuntos, incluido el hecho de que cobrara trece sueldos al mismo tiempo, pero hubo gran escándalo porque en el lugar donde cayó muerta Carrasco alguien escribió “Aquí murió un bicho”. Tenemos la piel tan fina respecto a lo simbólico que mejor no pensar en la que se hubiera armado de haber escrito “Toma del frasco, Carrasco”...





[1] Sí, sé que ahora se dice investigada, pero es que yo estudié por el plan antiguo.

lunes, 20 de julio de 2015

¿QUIÉN DIJO IMPOSIBLE?


Alexis Tsipras acababa de convocar el referéndum y en la radio entrevistaban a un cargo municipal del PP. No recuerdo su nombre ni el de la ciudad a la que decía representar, pero sí que al acabar la última pregunta que era de ámbito estrictamente local aprovechó para soltar algo así como “lo que está pasando en Grecia es culpa de que allí gobierna un partido que es como Podemos”. Era tal su vehemencia que pensé que peperos y podemeros no podrían ponerse nunca de acuerdo en nada[1]. ¡Cuánto me equivocaba!
El 1 de julio El Mundo informaba de que “Las Cortes gastan 64.200 euros en 99 iPhone 6 para sus diputados”. El artículo decía que La mesa de las Cortes Valencianas, compuesta por todos los grupos de la Cámara PP, PSPV, Compromís, Ciudadanos y Podemos ha aprobado un gasto de 64.200 euros para la compra de 99 terminales de ihone  (sic) 6 de 16 GB para todos los diputados del Parlamento valenciano, a una media de 648,48 euros por aparato. Como detalle, el informe de informática avisaba de que el previsible desajuste de la facturación se deberá regularizar al final de dicho periodo, a finales de octubre de 2015. En lenguaje comprensible, que la factura iba a ascender a mucho más que esos 64.000 euros...
Hubo escándalo de la ciudadanía votante y contribuyente, así que nuestros representantes salieron a justificarse. El mismo periódico publicaba otra pieza titulada “El presidente de las Cortes dice que la compra de 99 iPhone responde a la ‘necesidad de comunicarse’”. Leyéndola aprendemos que El presidente de Les Corts Valencianes, Francesc Colomer, ha manifestado hoy que la decisión (...) forma parte del “operativo y de la necesidad de comunicarse los diputados”. (Esta es buena. Operativo, según la Academia, es “que obra y hace su efecto”, “preparado y listo para ser utilizado o entrar en acción” u “organización para acometer una acción”. La “necesidad de comunicarse los diputados” parece pueril estando reunidos en la misma sala, pero quizá quería decir otra cosa y no sabía cómo). Prosigue el artículo: el portavoz adjunto de Compromís en Les Corts, Fran Ferri, ha señalado también que fueron los servicios técnicos los que aconsejaron la opción del iPhone 6 por motivos de “seguridad, encriptación y durabilidad”, y que la compañía ofrece gratuitamente el aparato si no se pasan del gasto. “Fueron los servicios técnicos”... Cómo me ha recordado esta frase al debate televisado Zapatero-Rajoy cuando el entonces presidente echó en cara al ahora presidente lo de los “hilillos de plastilina” del Prestige y este respondió con voz destemplada “yo dije lo que me dijo un técnico”. Por otro lado, mientras decía esto, Fran Ferri ya sabía que “el informe de informática” dejaba claro que se iban a “pasar del gasto” sí o sí.
En El País del mismo día, en un artículo titulado “Polémica por la compra del iPhone 6 para los diputados valencianos”, nos informaban de que El portavoz socialista Manuel Mata no ha ocultado su irritación por las críticas que, en su opinión, dificultarán el trabajo de los diputados y las relaciones con los ciudadanos: No podemos trabajar sin encriptación y el retraso en la compra de los ordenadores impedirá que los ciudadanos puedan enviar correos a los diputados a su e-mail corporativo.  ¿Por dónde empezar a glosar esta joya de la oratoria? Me encanta el lapsus del “e-mail corporativo”, reconoce que los partidos existentes (y seguramente por existir) no funcionan sino como empresas, que es la traducción más adecuada para corporate[2]. Después está lo de las “relaciones con los ciudadanos”. Sí, sé que en algún país hay representantes elegidos por una circunscripción que, según se dice, votan resoluciones siguiendo el parecer de sus representados. No es el caso español. Aquí cada representante de un partido vota lo que decide su jefe de grupo y cuando no es así, se convierte en noticia y, desde luego, muy poco común.
La “prueba del nueve” es la irritación. Hace tiempo que tengo comprobado que, en una discusión, el que parece más enfadado es el que menos razón tiene.
Hasta aquí la piña de la mesa de diputados defendiendo lo indefendible. Y en esto llegó Internet... Bastaron unas cuantas críticas vía Twitter para que los que, como un solo hombre, defendían la medida, renunciaran a ella, del tranquilo al airado, del técnico al excéntrico, del elevado desde el fango hasta el chico de casa buena[3]...
Pareciendo imposible, al final resultó bastante fácil ponerles de acuerdo.




[1] Ahora se ha puesto de moda la palabra podemitas para denominar a los seguidores de Podemos. No me gusta. No sé de dónde deriva pero apostaría a que, o bien sigue el mismo camino que lleva de Jesús a jesuitas, o bien hunde sus raíces en las denominaciones de las tribus de la Biblia. Me sonaría mejor podemistas, pero reconozco que es un capricho.
[2] El diccionario Collins da primero “corporación” y después “sociedad anónima”. Si vamos al de la Academia, corporación es “organización compuesta por personas que, como miembros de ella , la gobiernan” (que no es el caso, pues todos los partidos se gobiernan de otro modo, un afiliado de base no gobierna nada...) y “Empresa, normalmente de grandes dimensiones, en especial si agrupa a otras menores”.
[3] Quien quiera más detalle puede acudir a Sabemos Digital y su artículo “Cómo twitter marca una agenda política: El caso del iPhonegate del gobierno valenciano”.