El día antes de
que seis del Proceso acudieran al Supremo mi gran amigo Felipe González
aprovechó la presentación de un libro de su gran amigo Joaquín Almunia para dar
un par de lecciones. Presento aquí por orden de aparición las citas literales
que recogía la crónica de El País sin apenas solución de continuidad:
“Ojalá no metan
a ninguno en la cárcel” “Ya sé que nado a contracorriente” “En el ambiente de
polarización es difícil decir esto porque parece que uno está interfiriendo” “Al
independentismo no hay que destruirlo, hay que ganarlo. Si ellos violan la ley,
nosotros tenemos que ser exquisitamente garantistas” “Nos amparamos en las
togas porque como políticos somos unos inútiles” “Cuando perdemos vamos a
que lo resuelvan los jueces” y esa actitud conlleva que “la política se degrade
porque está judicializándose” “Una vez que hemos entregado la responsabilidad
judicializando la política a los jueces, de vuelta recibimos la politización
inevitable de la justicia” “Una vez ese proceso llega a un determinado punto de
saturación, la justicia empieza a tomar decisiones políticas. Eso se llama
gobierno de los jueces”.
Y en efecto,
nadaba a contracorriente. Llarena no le hizo el menor caso, así que no debe
preocuparse porque a nadie le debió parecer que estaba interfiriendo...
Su antiguo
subordinado Fernando López Agudín hablaba de la inquietud contenida con
la que clamaba, cual profeta bíblico, su digna preocupación. Es
lo menos que se puede esperar, mostrar lealtad al antiguo jefe. Después volveré
sobre las palabras de González, pero primero me gustaría que nos remontáramos
al origen.
¿Cuándo empezó
todo esto?
La respuesta más
común nos lleva al verano del 2010, cuando el Tribunal Constitucional impugnó
unos artículos del Estatuto de Autonomía votado en 2006, del que no se puede
decir que hasta entonces hubiera generado demasiado entusiasmo. (Cabe recordar
una vez más que ERC había pedido el voto negativo en el referéndum de
aprobación ― petición en la que coincidió con el PP,
aunque obviamente por razones diversas ― y
que la abstención fue abrumadora). Considerado este principio, los
comentaristas a los que Rajoy no les gusta ni siquiera un poquito le culpan
precisamente por haber llevado el Estatuto al Constitucional. Por su parte, los
proclives a Mariano culpan a Zapatero por haber permitido que saliera adelante
un ordenamiento que era claramente inconstitucional. En cualquier caso, dejando
aparte la atribución de la culpa, ambos bandos de comentaristas se remontan
poco más atrás del año 2006. Sin embargo, últimamente algunos han reparado en
un hecho que se remonta a principios de los noventa.
El problema del
pasado es que no puede defenderse y se puede decir sobre él lo que se quiera, y
me incluyo entre sus maltratadores. Iba a escribir que ya nadie cree que la
Primera Guerra Mundial fuera causada porque un nacionalista disparó a un
miembro de la realeza de un país sin peso alguno en el concierto europeo de
entonces pero lo cierto es que he recordado que en 2014, cuando todos los
periodistas del mundo recordaron la Gran Guerra por cumplirse su centenario, me
harté de escuchar, ver y leer semblanzas del estudiante pistolero y hasta
reconstrucciones detalladas al segundo de cómo cometió su crimen. Pero resulta
difícil pensar que las mayores potencias europeas enviaran alegremente a morir
a millones de sus jóvenes porque se había alterado el orden de sucesión en un
rincón de los Balcanes...
Pero en este
caso también existe la tendencia contraria, remontar el principio tres siglos
atrás, a un episodio de la Guerra de Sucesión
o incluso a las aventuras de un clérigo tronado que corría las sierras
setenta años antes...
Algunos cuya
memoria oscila entre la que se atribuye tradicionalmente a los peces y a los
elefantes, han desempolvado un documento que apareció en los periódicos a
finales del año 90,
el que hoy se conoce como Plan Catalunya 2000 pero que en el artículo
que cito se limita a decir que “viene a ser el Programa 2000 de los nacionalistas
catalanes”. Lo presenta como “el borrador del programa ideológico de
Convergència Democràtica (CDC) para la próxima década”. El resumen del programa
deja con la boca abierta leído hoy: “La obsesión por inculcar el sentimiento
nacionalista en la sociedad catalana, propiciando un férreo control en casi
todos sus ámbitos ― el documento propugna la infiltración
de elementos nacionalistas en puestos clave de los medios de comunicación y de los
sistemas financiero y educativo ―, y las
referencias a un ámbito geográfico ― los Países
Catalanes ― que sobrepasa los límites del
Principado”.
El apartado
dedicado a los objetivos simplemente esgarrifa, como dicen los catalanes
con verbo bien expresivo:
Para cumplir sus
objetivos, los ponentes no ocultan la necesidad de controlar a los educadores
para que cumplan lo estipulado en la doctrina nacionalista. Se aboga, así, por
“vigilar la composición de los tribunales de oposición” para todo el
profesorado.
Asímismo se
alienta a “reorganizar el cuerpo de inspectores de forma que vigilen la
correcta cumplimentación de la normativa sobre la catalanización de la
enseñanza”. También se considera necesario “incidir en las asociaciones de
padres”.
La voluntad de
dirigismo queda de nuevo patente en el apartado relativo a los medios de
comunicación: hay que “introducir gente nacionalista (...) en todos los puestos
claves de los medios de comunicación”. También se postula “incidir en la
formación inicial y permanente de los periodistas y de los técnicos de
comunicación para garantizar una preparación con conciencia nacional catalana”.
El documento
promueve la creación de organizaciones patronales, económicas y sindicales
catalanas, y la conveniencia de diseñar “una estrategia para optar a los cargos
directivos de las instituciones” financieras.
De igual forma,
se propugna “incidir sobre la administración de justicia y orden público con
criterios nacionales”, y revisar los mecanismos de acceso y promoción del
funcionariado.
Visto desde hoy,
el plan funcionó como un reloj. Pero se diría que para cumplir con sus
objetivos debió necesitar de ciertas complicidades, porque ellos más claro no
lo podían decir. Desde el que hizo como que no leyó el artículo, pese a
publicarse en su periódico favorito, hasta el que enterró la cabeza en la arena
para no ver cómo cobraba forma, y no se puede descartar que estemos hablando de
la misma persona...
En lo que
respecta a las responsabilidades, Antich dejaba bien claro que la mente
pensante del plan era el mismísimo Jordi Pujol:
“El Consell
Executiu de la Generalitat ha abordado en las últimas semanas diferentes
aspectos del documento y su presidente, Jordi Pujol, ha mantenido reuniones
individuales con miembros de su gobierno y con diferentes dirigentes de la
coalición nacionalista. Pujol distribuyó un preborrador del documento a los
miembros del Gobierno catalán al inicio de las vacaciones de verano de 1989 con
el ruego de que lo leyeran y que, en septiembre, hicieran sus aportaciones.
Poco o casi nada
se volvió a hablar del asunto en un año. Hace dos meses, Pujol repartió el
documento, que tenía novedades. A diferencia de la ocasión anterior, el
presidente de la Generalitat solicitó que las aportaciones al documento se
hicieran llegar con rapidez y pidió a sus consejeros que lo distribuyeran entre
los secretarios generales de los departamentos para que abordaran conjuntamente
aspectos que les corresponden y propusieran iniciativas.
La génesis del
documento se produce a partir de unas notas de Pujol. Aunque no tiene, aparte
del presidente de la Generalitat otros padres, se sabe que han
participado los consejeros Macià Alavedra (Economía), Joan Guitart (Educación),
Joan Vallvé (Agricultura) y Josep Laporte (Sanidad), así como el secretario
general de Convergència, Miquel Roca”.
Seis años antes
En mayo de 1984
los fiscales José María Mena y Carlos Jiménez Villarejo presentaron una
querella contra el consejo de administración de Banca Catalana que incluía a su
vicepresidente ejecutivo, Jordi Pujol, presidente de la Generalitat
entonces. Se les acusaba de delitos de apropiación indebida, falsedad en
documento público y mercantil y maquinación para alterar el precio de las
cosas. Según contaba treinta años después Jiménez Villarejo en una entrevista,
Los fiscales generales del Estado, en esa etapa nombrados por el PSOE, me
prohibieron que iniciara ninguna investigación y paralizaron siempre cualquier
investigación que pudiera perjudicar a Convergencia Democrática y,
particularmente a Jordi Pujol a través de sus consejeros.
Fue una etapa de
una profunda y amplia corrupción en el seno de los gobiernos de Jordi Pujol,
que representaba la continuidad de lo que había empezado en Banca Catalana. Sin
embargo hubo un cierre absoluto de los respectivos fiscales generales, todos al
servicio de Jordi Pujol. Ahora, cuando se plantea el tema de la relación
Cataluña ― España, hay que recordar que en
aquellos momentos los gobiernos de Felipe González ―
también los del PP pero menos ―
protegieron a Pujol y a los gobiernos de CiU de todas las actuaciones penales
que les pudieran perjudicar. Me resulta indignante que ahora hablen de España
como si fuera el gran enemigo cuando durante tantos años haciendo actuaciones
ilícitas, fraudulentas y delictivas, han sido protegidos por ese Estado que
ahora parece que detestan tanto.
Hay que recordar
que en 1984 Felipe González gozaba de la mayoría más amplia de la que ha gozado
gobernante alguno desde que murió el Paco. No necesitaba los votos de nadie
para aprobar lo que quisiera. Pero, por alguna razón que sólo él sabrá
explicar, González siempre mostró un gran complejo de inferioridad respecto a
los nacionalismos periféricos. En 1986 el Partido Socialista de Euskadi
ganó las elecciones autonómicas con dos escaños más que el PNV, aunque con
menos votos por la especial configuración de las circunscripciones, que dan
veinticinco escaños a cada provincia con independencia de su población. El
candidato Txiki Benegas recibió la orden de no plantar batalla y facilitar el
gobierno a la segunda fuerza, el PNV, a través de un pacto de gobierno que
garantizaba que el primer partido no sólo cedía el mando al segundo sino que le
apoyaba con sus votos.
Parece claro que
aquel plan dado a conocer en 1990 era un empeño personal de Jordi Pujol. El
artículo de Antich deja claro que ante la falta de entusiasmo de sus
subordinados volvió a remitírselo al año siguiente. Y aunque hacer predicciones
sobre un hecho que no ha sucedido es arriesgado, se puede decir que siendo un
empeño personal de un solo individuo, “muerto el perro se acabó la rabia”. Es
decir, que si se hubiera perseguido penalmente, condenado y encarcelado a
Pujol, seguramente la situación sería hoy bien distinta.
Y aquí vuelvo a
las declaraciones de Felipe González: Al independentismo no hay que
destruirlo, hay que ganarlo. Si ellos violan la ley, nosotros tenemos que ser
exquisitamente garantistas (...) Nos amparamos en las togas porque como
políticos somos unos inútiles.
Pues sí, él fue exquisitamente
garantista, tanto como para obligar a sus subordinados a evitar problemas a
alguien que tenía mucho que esconder. Porque las togas las llevan varios, los
jueces y también los fiscales. Y en el caso de Rajoy, se puede presumir que ha
dado instrucciones a los jueces para que le hagan el trabajo pero en el caso de
González es público y notorio y, sin embargo, es reconocido como voz autorizada
por un puñado de periodistas cínicos que saben y no quieren recordar y otros
cuantos ignorantes que no saben.
Como decía
aquella película clásica, dijo la sartén al cazo: apártate que me tiznas
y como dice el refranero: habló de putas La Tacones.
