jueves, 7 de marzo de 2019

DETALLES

Hoy España es un estado social y democrático de derecho como en tiempos fue una república democrática de trabajadores de toda clase que se organizaba en régimen de libertad y de justicia, si no recuerdo mal los términos.
Últimamente leo muchas defensas de la democracia liberal, que es el último adjetivo que han puesto al régimen que disfrutamos hoy. Por qué ha mudado de parlamentaria a liberal no lo sé aunque lo supongo, vistas las acciones y resoluciones que toman algunas democracias parlamentarias y que resultan poco ejemplares. Comienzo a leer por aquí y por allá el término iliberal para caracterizar a democracias que, si bien lo son, no deben serlo de la forma correcta.
Lógico. Cumplir las condiciones que definen una democracia es bastante fácil, pues fueron establecidas hace mucho tiempo. El listón  de la democracia formal está hoy tan bajo como el de la Alta Fidelidad.
Son tiempos de argumentaciones groseras. Los defensores de la democracia liberal van de cínicos y sabedores del mundo. En una de esas confrontaciones de las que tanto gustan, pintan al enemigo (el temible populismo) como ingenuo creyente en la bondad del ser humano que, guiado por ese error de base, acaba por armar una dictadura, así que hay que abstenerse de pretender reformas radicales porque inevitablemente desembocarán en un genocidio[1]. Ellos, conocedores de la realidad de la vida, saben que el ser humano es malo, cruel, egoísta, etc.[2] y que hay que domarle a través de las leyes, las instituciones y, sobre todo, un sistema de control y arbitraje pues, no olvidemos, esas instituciones también están pobladas por gente malvada, cruel, egoísta, etc..
España, como buena democracia liberal, cumple todos los requisitos. Por ejemplo, si uno percibe que la Administración no está siendo justa con su caso, puede recurrir. Gracias a Dios no vivimos en Cuba o Venezuela. Pero ya se dice que el diablo está en los detalles...

Saltarse un stop conlleva una multa de 200 euros. Sin embargo, a un vallisoletano que conducía por Segovia, la broma le ha costado por el momento 760 euros: los de la sanción más otros 560 por haber perdido la demanda que presentó contra Tráfico al considerar injusta la infracción. “Se desplegaron medios técnicos para demostrar que el agente no podía haber visto la supuesta infracción, pero al final su palabra prevalece, gracias a la consabida presunción de veracidad de los agentes”, explica el abogado que llevó la defensa del conductor[3].

Sobre la presunción de veracidad de los agentes no me extenderé. Supongo que no debe ser muy difícil encontrar la sentencia de aquel juez que absolvía a un agente que tuvo la mala suerte de tropezar en la persecución y que se le cayera la pistola, se le disparase y esa bala tonta atravesara la yugular del sospechoso..Sinceramente, mejor no pensar en ello...
“La sorpresa vino una vez desestimada la demanda del conductor, cuando el abogado del Estado se impuso unos honorarios que triplicaban la propia sanción, tal y como informó ‘El Norte de Castilla’. A raíz de las medidas de agilización procesal impulsadas en 2011 por José Luis Rodríguez Zapatero, el criterio para imponer costas en la jurisdicción contencioso – administrativa cambió del tradicional de la temeridad al del vencimiento. Es decir, se pasó del ‘quien denuncia sin fundamento paga’ a, directamente, ‘quien pierde paga’”.
Los Abogados del Estado, gente rara, se mire por donde se mire. A bote pronto me han venido dos a la cabeza, Mario Conde y Soraya Sáenz de Santamaría, que se preciaba de saber recitar una ley sobre los conejos que invadían una finca. A mayor abundamiento, su promoción se autodenomina “La Gloriosa”, lo que encuentro insuperable.
José Luis Rodríguez Zapatero, un personaje. Como dijo el jefe de Izquierda Unida entonces[4], cumplía el teorema del pato: un paso, una cagada. Y después vino Mariano. Aquel que decía que subir el IVA era un recurso de mal gobernante y lo primero que hizo fue subirlo[5]. Y la conjunción de ambos, un infierno...
Estos profesionales, los Abogados del Estado, la élite de la élite, ya cobran un sueldo que los curritos de a pie ni imaginamos. Pero se pueden permitir establecer las costas que les apetezca asignarse. Cuando paga el ciudadano. Sin embargo, cuando es la propia Administración la que debe de pagar, sí se establece un límite a las costas que el ciudadano puede cobrar tras la sentencia: “Muchas veces no cubren para nada el coste del pleito, que puede haber durado años. No contempla ni los gastos del cliente en su defensa, ni el tiempo, ni el desgaste” .

El 15 – M se apropió de una consigna existente que cantaba “lo llaman democracia y no lo es”. Sin variar un ápice el sentido hoy podrían cantar “lo llaman democracia liberal y sí lo es”, sin mentir en ningún caso.





[1] El argumento es más largo pero no más complejo.
[2] Y queda bien claro que se miran largo rato al espejo cada mañana.
[3] Jesús Escudero: “La barrera del ‘quien pierde paga’: cada vez menos gente litiga contra la administración”, El Confidencial, 16/02/19. El resto de menciones proceden de aquí.
[4] Cayo Lara, si mal no recuerdo, pero lo del liderazgo en Izquierda Unida es más complicado que la medición de la costa bretona...
[5] ¿Quién podría olvidar su brillante “le ha subido los chuches”?

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